San Ignacio, provincia cajamarquina
y amazónica, cobija en su territorio a la etnia awajun. Los awajun reclaman la
titularidad del territorio, pues se viven en él antes de la existencia de nuestra
república. Otro interesado en sus riquezas naturales es la empresa Águila Dorada
SAC, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas para actividades de
exploración minera.
Los
awajun vienen reclamando además su derecho a un ambiente sano, sostenible, y a
que se les consulte sobre decisiones gubernamentales que los afectan
directamente. Lo vienen haciendo desde el 2011 utilizando una serie de recursos
legales para ello. Mientras tratan de evitar la contaminación inminente, las
operaciones de la empresa ya iniciaron. Los trabajadores de Águila Dorada SAC
ya están en el territorio junto con su maquinaria.
Hace
unos días uno de sus trabajadores fue retenido contra su voluntad. Está
impedido de irse mientras la empresa no retire su maquinaria. El pedido no es
nuevo, desde hace mucho reclaman que no destruyan su territorio y el Estado
interviene lentamente (el poder judicial, las autoridades locales, etc.) o rápidamente
(el ministerio de Energía y Minas por ejemplo) y siempre tiene como perjudicado
a la población indígena.
Ninguna
lucha, por más justa que sea en sus objetivos, debe utilizar métodos absolutamente
reprobables que priven de la libertad a una persona de manera arbitraria, ilegal
y violenta. Ninguna lucha justifica la violación de derechos humanos.
Ayer se
realizó en Venezuela una protesta multitudinaria. Tres muertos confirmados, más
de 50 heridos y más de 65 detenidos –algunos organismos no gubernamentales
cuentan más de 120- con justificaciones absurdas como "delito que está por
determinarse" y "quemar bolsas en el Parque Carabobo". Varios
medios de comunicación fueron impedidos de transmitir la protesta.
Muertes,
heridos, detenciones arbitrarias y prohibiciones a medios de comunicación son
hechos permitidos por el gobierno venezolano. No se tiene certeza de que la policía
haya sido la culpable de disparos, pero la permisibilidad gubernamental con los
grupos paramilitares como los “Tupamaro” o el “Secretariado 23 de enero” lo
convierte en cómplice. Por no decir nada de la responsabilidad fiscal en las
acusaciones para retener a detenidos.
He leído hace poco
advertencias de compañeros de izquierda muy preocupados en profundizar nuestra información
y no dejarnos llevar por versiones antojadizas de los diarios, de no sumarnos
al carga montón antichavista y de no ser oportuno pronunciarse cuando en una
anterior vez, paramilitares de derecha mataron a balazos a chavistas, no nos
pronunciamos.
Hoy amanecen algunos
medios como La
República, la BBC y
hasta Amnistía
Internacional advirtiendo sobre los terribles sucesos ocurridos en
Venezuela. También preocupa que no se encuentre rápidamente a los autores de
los ataques a instituciones gubernamentales, situación muy rara y similar al cochebomba
días previos a la llegada de un presidente norteamericano a Lima que tuvo como
efecto una norma que criminalizaba la protesta social.
Debemos de sentirnos
orgullosos de los avances de los pueblos y gobiernos progresistas, pero nunca
ser cómplices silenciosos de cualquier violación a los derechos humanos, venga
de donde venga.
Lima, 14 de febrero de
2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario