viernes, 14 de febrero de 2014

DERECHOS HUMANOS HORA CERO


 


Por: Claudio Zapata Gonzales

Regidor distrital en Jesús María


 

San Ignacio, provincia cajamarquina y amazónica, cobija en su territorio a la etnia awajun. Los awajun reclaman la titularidad del territorio, pues se viven en él antes de la existencia de nuestra república. Otro interesado en sus riquezas naturales es la empresa Águila Dorada SAC, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas para actividades de exploración minera.

Los awajun vienen reclamando además su derecho a un ambiente sano, sostenible, y a que se les consulte sobre decisiones gubernamentales que los afectan directamente. Lo vienen haciendo desde el 2011 utilizando una serie de recursos legales para ello. Mientras tratan de evitar la contaminación inminente, las operaciones de la empresa ya iniciaron. Los trabajadores de Águila Dorada SAC ya están en el territorio junto con su maquinaria.

Hace unos días uno de sus trabajadores fue retenido contra su voluntad. Está impedido de irse mientras la empresa no retire su maquinaria. El pedido no es nuevo, desde hace mucho reclaman que no destruyan su territorio y el Estado interviene lentamente (el poder judicial, las autoridades locales, etc.) o rápidamente (el ministerio de Energía y Minas por ejemplo) y siempre tiene como perjudicado a la población indígena.

Ninguna lucha, por más justa que sea en sus objetivos, debe utilizar métodos absolutamente reprobables que priven de la libertad a una persona de manera arbitraria, ilegal y violenta. Ninguna lucha justifica la violación de derechos humanos.

Ayer se realizó en Venezuela una protesta multitudinaria. Tres muertos confirmados, más de 50 heridos y más de 65 detenidos –algunos organismos no gubernamentales cuentan más de 120- con justificaciones absurdas como "delito que está por determinarse" y "quemar bolsas en el Parque Carabobo". Varios medios de comunicación fueron impedidos de transmitir la protesta.  

Muertes, heridos, detenciones arbitrarias y prohibiciones a medios de comunicación son hechos permitidos por el gobierno venezolano. No se tiene certeza de que la policía haya sido la culpable de disparos, pero la permisibilidad gubernamental con los grupos paramilitares como los “Tupamaro” o el “Secretariado 23 de enero” lo convierte en cómplice. Por no decir nada de la responsabilidad fiscal en las acusaciones para retener a detenidos.

He leído hace poco advertencias de compañeros de izquierda muy preocupados en profundizar nuestra información y no dejarnos llevar por versiones antojadizas de los diarios, de no sumarnos al carga montón antichavista y de no ser oportuno pronunciarse cuando en una anterior vez, paramilitares de derecha mataron a balazos a chavistas, no nos pronunciamos.

 

Hoy amanecen algunos medios como La República, la BBC y hasta Amnistía Internacional advirtiendo sobre los terribles sucesos ocurridos en Venezuela. También preocupa que no se encuentre rápidamente a los autores de los ataques a instituciones gubernamentales, situación muy rara y similar al cochebomba días previos a la llegada de un presidente norteamericano a Lima que tuvo como efecto una norma que criminalizaba la protesta social.

 

Debemos de sentirnos orgullosos de los avances de los pueblos y gobiernos progresistas, pero nunca ser cómplices silenciosos de cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga.

 

Lima, 14 de febrero de 2014

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