martes, 25 de febrero de 2014

Pronunciamiento

 


Ni cómplices ni falsos demócratas 


¡No más violencia en Venezuela!





Nosotros, militantes y simpatizantes de organizaciones democráticas, progresistas y de izquierdas peruanas, hacemos pública nuestra consternación por los recientes sucesos en la hermana República de Venezuela. Creemos que todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener el derecho de protestar a favor o en contra de su gobierno sin temer por perder su vida o resultar heridos en esos actos.

La muerte de personas en esas circunstancias es un hecho deplorable que debe ser condenado. Exigimos por eso, lo mismo que exigiríamos si dicha situación sucediera en nuestro país: una investigación transparente que identifique a los responsables de dichos actos.

Si bien reconocemos que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido elegido en elecciones democráticas y que además han sido reconocidas internacionalmente, no podemos olvidar las similares características con las que el fujimorismo se sostuvo en el poder: respaldo popular en elecciones democráticas, control de otros poderes del Estado, control mayoritario de los medios de comunicación y como no, los programas sociales que generaron un perverso clientelismo con los sectores populares y ningún derecho. Cuestionamos por lo tanto ambas situaciones, aquí y allá, ayer y ahora y no pretendemos aparecer como unos falsos defensores de la democracia como pretenden presentarse varias figuras del fujimorismo.

Si bien el manejo gubernamental venezolano es un asunto que no nos compete directamente, no podemos dejar de recordar el pésimo manejo económico al que nos tuvo Alan García y que se presenta hoy en día en Venezuela: control de precios, férreo control cambiario, inflación, escasez de productos básicos. Un camino que no se lo recomendamos a nadie.

No podemos cerrar los ojos ante la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela reflejada en la permisividad gubernamental con los grupos paramilitares afines o contrarios al gobierno, acechando a manifestantes y periodistas. Ni podemos ser cómplices de detenciones con justificaciones tan absurdas como "delito que está por determinarse" y "quemar bolsas en el Parque Carabobo".

Y así como cuestionamos ese tipo de manejo por acción u omisión, no podemos dejar de cuestionar la falta de autoridad moral que tiene el partido aprista para salir a hablar del pésimo manejo económico o de la violación de derechos humanos cuando en su gobierno se promovió el Comando paramilitar Rodrigo Franco y ocurrieron las principales matanzas en los penales del país.

Rechazamos todas esas voces que exigen desconocer a un gobierno levantando acusaciones que no las aplican en su propio país. Los sentimos falsos al no cuestionar la vergonzosa ley N°30151, que declara la excepción de responsabilidad penal de policías y miembros de las fuerzas armadas en cumplimiento de su deber y permite la impunidad de sus excesos.

Rechazamos aquellas voces que cuestionan el proceso bolivariano o chavismo porque no es de su color político y que minimizan o desestiman el respaldo popular del mismo. Es potestad única del pueblo Venezolano decidir sobre esta materia y rechazamos cualquier intervención extranjera.

Finalmente queremos condenar enfáticamente a los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que aprovechándose de esta tragedia buscan beneficiar sus intereses políticos y económicos. Aquellos que en innumerables ocasiones criminalizaron a los luchadores sociales de nuestro país y justificaron sus muertes, ahora fungen de defensores de la vida y la democracia.

¡Abajo las violaciones de derechos humanos!
¡Por una solución pacífica y civilizada para resolver conflictos!
¡Por el respeto a la protesta social en cualquier país del mundo!
¡Abajo los intentos golpista de quienes han sido derrotados en procesos electorales!




Lima, 24 de febrero de 2014

viernes, 14 de febrero de 2014

DERECHOS HUMANOS HORA CERO


 


Por: Claudio Zapata Gonzales

Regidor distrital en Jesús María


 

San Ignacio, provincia cajamarquina y amazónica, cobija en su territorio a la etnia awajun. Los awajun reclaman la titularidad del territorio, pues se viven en él antes de la existencia de nuestra república. Otro interesado en sus riquezas naturales es la empresa Águila Dorada SAC, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas para actividades de exploración minera.

Los awajun vienen reclamando además su derecho a un ambiente sano, sostenible, y a que se les consulte sobre decisiones gubernamentales que los afectan directamente. Lo vienen haciendo desde el 2011 utilizando una serie de recursos legales para ello. Mientras tratan de evitar la contaminación inminente, las operaciones de la empresa ya iniciaron. Los trabajadores de Águila Dorada SAC ya están en el territorio junto con su maquinaria.

Hace unos días uno de sus trabajadores fue retenido contra su voluntad. Está impedido de irse mientras la empresa no retire su maquinaria. El pedido no es nuevo, desde hace mucho reclaman que no destruyan su territorio y el Estado interviene lentamente (el poder judicial, las autoridades locales, etc.) o rápidamente (el ministerio de Energía y Minas por ejemplo) y siempre tiene como perjudicado a la población indígena.

Ninguna lucha, por más justa que sea en sus objetivos, debe utilizar métodos absolutamente reprobables que priven de la libertad a una persona de manera arbitraria, ilegal y violenta. Ninguna lucha justifica la violación de derechos humanos.

Ayer se realizó en Venezuela una protesta multitudinaria. Tres muertos confirmados, más de 50 heridos y más de 65 detenidos –algunos organismos no gubernamentales cuentan más de 120- con justificaciones absurdas como "delito que está por determinarse" y "quemar bolsas en el Parque Carabobo". Varios medios de comunicación fueron impedidos de transmitir la protesta.  

Muertes, heridos, detenciones arbitrarias y prohibiciones a medios de comunicación son hechos permitidos por el gobierno venezolano. No se tiene certeza de que la policía haya sido la culpable de disparos, pero la permisibilidad gubernamental con los grupos paramilitares como los “Tupamaro” o el “Secretariado 23 de enero” lo convierte en cómplice. Por no decir nada de la responsabilidad fiscal en las acusaciones para retener a detenidos.

He leído hace poco advertencias de compañeros de izquierda muy preocupados en profundizar nuestra información y no dejarnos llevar por versiones antojadizas de los diarios, de no sumarnos al carga montón antichavista y de no ser oportuno pronunciarse cuando en una anterior vez, paramilitares de derecha mataron a balazos a chavistas, no nos pronunciamos.

 

Hoy amanecen algunos medios como La República, la BBC y hasta Amnistía Internacional advirtiendo sobre los terribles sucesos ocurridos en Venezuela. También preocupa que no se encuentre rápidamente a los autores de los ataques a instituciones gubernamentales, situación muy rara y similar al cochebomba días previos a la llegada de un presidente norteamericano a Lima que tuvo como efecto una norma que criminalizaba la protesta social.

 

Debemos de sentirnos orgullosos de los avances de los pueblos y gobiernos progresistas, pero nunca ser cómplices silenciosos de cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga.

 

Lima, 14 de febrero de 2014

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